JORNADA: LA SEGURIDAD NACIONAL: PROBLEMAS JURÍDICOS Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY 36/2015

14 de marzo 2019

La aprobación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, precedida por la aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, supuso una innovación del entramado competencial vigente en España no exenta de polémica, pues su naturaleza debió ser desentrañada por el Tribunal Constitucional en su STC 184/2016, de 3 de noviembre, al resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra tres artículos de esta norma por la Generalidad de Cataluña.

Si la seguridad nacional aparecía para el común de los intérpretes como una “competencia nueva” del Estado en virtud de la cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución –al no existir referencia explícita a esta materia dentro del listado contenido por el artículo 149.1 de la Constitución (tal fue la alegación desgranada por la Abogacía del Estado en su escrito de alegaciones)–, el Tribunal determinó que la seguridad nacional no puede considerarse como una competencia novedosa ni ubicarse en la citada cláusula residual, sino que se encuentra incluida en los títulos competenciales que el Estado ostenta en las materias de “Defensa y Fuerzas Armadas” (art. 149.1 4º) y seguridad ciudadana (art. 149.1 29º) con carácter exclusivo.

La importancia de esta norma resulta capital en nuestro siglo, pues permite la coordinación de las actividades del conjunto de las Administraciones Públicas y de la propia sociedad civil para prevenir y dar respuesta a las amenazas que acechan en un mundo globalizado. Respuesta que se articula mediante la creación de un Sistema de Seguridad Nacional que permite la prevención, la gestión y la resolución de las crisis que pudieran suscitarse mediante el ejercicio ordinario de las competencias atribuidas a las diferentes Administraciones y sin que el libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas se vean afectados.